De alguna manera, el Penal constituye quintaesencia del Derecho, en cuanto que ámbito donde alcanza su máxima expresión el nudo a que primordialmente se vincula, en origen, el pacto social: la cesión del monopolio de la violencia al Estado por parte de los individuos. Si en sociedad los bienes jurídicos asumidos como de mayor relevancia resultan, por ello mismo, necesitados de la más enérgica protección, a ese preciso designio el Derecho Penal se instrumenta y, desde ello, aun rodeado de límites y garantías, conserva siempre una intrínseca brutalidad que hace problemática e incierta su legitimidad moral y política.
La pena, sea como quiera que se justifique, constituye siempre una segunda violencia que se añade al delito y que, de ahí su complejo encaje filosófico y antropológico, viene programada y puesta en acto por una colectividad organizada contra un individuo. De manera que la potestad de juzgar y castigar, se ha reconocido desde Mostesquieu, es el más terrible y odioso de los poderes, pues se ejerce de manera directa y violenta sobre las personas y es a su través como, de la manera más conflictiva, se manifiesta la relación entre Estado y ciudadano, entre autoridad y libertad, entre seguridad colectiva y derechos individuales.
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