No hay ninguna causa o macrocausa de relevancia en la última década en la que estos cuatro letrados no estén presentes. Desde los ERE a Invercaria, pasando por los cursos de formación, los avales de la agencia IDEA, el caso de las facturas falsas de la UGT-A, la adjudicación del concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, las ayudas a la empresa Isofotón, el uso presuntamente irregular de las tarjetas de la Faffe, así como en innumerables procesos que se siguen en la Audiencia Nacional. Simón Fernández Rebollo, Juan Carlos Alférez, Alfonso Martínez del Hoyo y Manuel Pérez Cuajares son cuatro reconocidos y prestigiosos letrados que, a partir de ahora, han decidido fusionarse bajo una misma firma, “Constitución 23, Estudio de Litigación”, con la que pretenden hacer una prolongación de sus respectivas trayectorias profesionales “serias, rigurosas y entregadas a la defensa de los derechos de las personas sometidas al proceso”, explica Alfonso Martínez del Hoyo.
El nuevo bufete, que huye del tipo de despacho que “pregona su facturación”, se constituye como un despacho penal “potente”, ya que la rama penal ha sido “históricamente ejercida por despachos individuales”, pero lo que pretenden, subraya Simón Fernández Rebollo, es que “no se rompa al idiosincrasia del trato cercano y personal en la relación entre el abogado y el cliente”. Sobre todo porque estas personas tienen en juego “su libertad, su fama y su patrimonio y eso queremos cuidarlo”, precisa el letrado Juan Carlos Alférez, quien hasta ahora formaba sociedad con Simón Fernández Rebollo antes de la fusión de los tres despachos.Manuel Pérez Cuajares, por su parte, explica que es precisamente “la brutal experiencia en litigación penal manteniendo la ilusión del que empieza es lo que nos ha unido” y llevado a esta fusión, en la que están tremendamente ilusionados, como cuando “cuatro pasantes deciden unirse para montar un despacho”, comenta.
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